La estrategia política del Estado chileno en el juicio contra Mapuche en Cañete

pais mapuche

Nov 10, 2010

Después de tres días ya se ve una clara tendencia en el juicio contra 18 comuneros de la zona de Arauco acusados por actos de resistencia mapuche. Más que un juicio contra 18 peñi, se trata de una advertencia del estado chileno a los procesos que llevan adelante distintas comunidades en Wallmapu, intentando por todos los medios criminalizar y desvirtuar el proceso de recuperación territorial.

En el inicio de este juicio político, el Gobierno, el ministerio publico y los poderes económicos, ya muestran su real interes: resguardar los intereses de los grandes grupos politicos y empresariales y su estrategia de genocidio contra nuestro pueblo Mapuche.

Gobierno:

En el primer dia de juicio, el gobierno realizó un “téngase presente” (algo así como un saludo a la bandera) en relación a la prometida recalificación de la querella por ley antiterrorista. Como está adherido a esa querella, interpuesta por el ministerio público, el Gobierno no puede desligarse, pues esto lo obligaría a retirarse del caso como parte acusatoria.

Sin embargo, como su afán es que sean condenados, mantiene su participación, señalnado que al final del juicio (en caso de ser encontrados culpables) recalificará a delitos comunes los cargos, pero a cambio, solicita al tribunal las penas más altas que contemplen dichas acusaciones.

Por tanto, la acusación va tal cual se presentó en el acto de apertura, presentada por el ministerio publico, con ley antiterrorista incluida.

Por su parte, el Ministerio público representado por el fiscal antimapuche Andrés Cruz, basa su acusación en conjeturas y supuestos, sin presentar una acusación objetiva de los hechos.

Parte su acusación a partir de hechos ocurridos el año 2004 y como hito, el incendio al fundo Ranquilwe. De ahí va uniendo distintas acciones de resistencia dentro de un mismo contexto: “la recuperación productiva de tierras y el control territorial” (acusación política ideológica, cargada de subjetividad), hasta llegar al enfrentamiento con el fiscal Elgueta y sus guardianes.

En este contexto, la CAM se montaría como la organización responsable de los robos de madera que ocurrían en la zona de Arauco, desde el 2004, dándole a éstos un carácter político- ideológico dijo Cruz, “la recuperación productiva de tierras y el control territorial”. Esta organización está liderada política y militarmente por Llaitul, fue también parte de lo que la fiscalía quiso demostrar.

De esta manera, el Ministerio Público hace énfasis en el robo de madera, pues es el único hecho que tiene más coherencia como delito y de la cual dice tener pruebas mas concretas.

En el caso de la acusación que tienen relación con lo incendios, la única prueba son los testigos protegidos. Estos la fiscalia no los presentaría. Lo que va a presentar es la reproducción de la declaración de su testigo principal, es decir, será leída por un tercero, impidiendo ver gestos, tono de voz, reacción a preguntas o documentos, etc., por parte de la defensa a la persona que habría prestado tal declaración. Claro, porque no estará presente.

En cuanto a los demás testimonios, son testigos de oídas, lo que no es lo mismo que un testigo de hecho (o de los hechos). Y como la única prueba que tiene a los peñi presos es las declaraciones de éstos testigos, su declaración no será sobre los hechos en sí, por tanto la fiscalia se estaría quedando sin pruebas o sin pruebas reales, sino con pruebas inventadas o manipuladas (como en el caso del asesinato del peñi Collio).

Por lo tanto, el Ministerio Público, esta basando su acusación en un contexto creado, es decir, enmarca en un mismo contexto el robo de madera, los incendios, enfrentamiento y comunicados, sin tener pruebas concretas que conecte todo.

Este montaje llevaría su acusación a un plano totalmente subjetivo. No se atiene a la objetividad que debe llevar el debido proceso (algo que tanto defienden). Sin embargo, sabemos que es algo común en casos contra mapuche.

Otro dato relevante, es una acusación que leyó la fiscalía, en la cual, se presenta como “nosotros, la forestal Mininco”, lo que demuestra que el fiscal Cruz cortó y pegó la querella de la Mininco. Es notable la subordinación al poder económico por parte del ministerio público.

Jueces:

La tendencia de los jueces, hasta el momento, se ha visto favorecida hacia la fiscalía, aceptando sin mayor razonamiento lo expuesto por éstos. Por ejemplo, aceptó el reingreso de testigos y peritos que quedaron excluidos en la preparación de juicio oral, sin siquiera que esta exclusión haya sido apelada en su momento por la fiscalía.

Además, están permitiendo el ingreso de fotos y videos sin peritos que los respalden, creando así un juicio subjetivo, vulnerando nuevamente el “debido proceso”.

Esta tendencia es peligrosa, puesto que al aceptar testimonios que se afirman en la subjetividad, dará validez a un constructo (montaje, idea construida) creado por el Estado chileno a través de la ANI, y sus subordinados PDI y SIP, en conformidad con el poder económico, logrando así encarcelar a los peñi y de esta forma, seguir avanzando en su política de genocidio hacia nuestro pueblo Mapuche.

Policía y medios de comunicación:

Por otro lado, se ha caracterizado el juicio por un gran despliegue policial y periodístico, repletando ellos casi en su totalidad la sala del juicio.

En las afueras del tribunal, el Gope, fuerzas especiales y la SIP de carabineros por un lado, y la PDI por otro, dan un ambiente represivo intentando atemorizar (sin lograrlo) a los familiares y amigos que llegan a acompañar.

Por otra parte, la acción periodística mantiene la misma tendencia de tergiversar, criminalizar incluso culpar (antes de tiempo) no solo a los 18 peñi acusados sino a todo proceso de reivindicación territorial y política que lleven adelante las comunidades Mapuche.